Este martes se reanudó la audiencia contra el exgobernador de Guerrero, Ángel “N”, acusado por la Fiscalía General de la República (FGR) de su probable participación en la desaparición forzada de personas y en el presunto ocultamiento y destrucción de videos relacionados con el caso Ayotzinapa.
El exmandatario fue detenido la semana pasada y trasladado al penal de máxima seguridad del Altiplano, ubicado en Almoloya de Juárez, Estado de México, donde enfrenta el proceso judicial.
De acuerdo con la FGR, existen datos de prueba que apuntarían a la posible participación del exgobernador en el ocultamiento de material audiovisual que podría aportar información sobre las últimas horas de los 43 estudiantes de la Escuela Normal Rural de Ayotzinapa, desaparecidos la noche del 26 de septiembre de 2014.
¿Qué señalan sobre los videos?
Según la investigación, testimonios recabados por las autoridades refieren que una cámara de vigilancia instalada en el Palacio de Justicia de Iguala habría registrado el momento en que varios estudiantes fueron bajados de un autobús por policías para posteriormente ser trasladados a otra unidad.
La Fiscalía sostiene que ese vehículo habría sido custodiado por hombres armados.
La información sobre la existencia de las imágenes presuntamente habría llegado a conocimiento del entonces gobernador, quien, de acuerdo con la acusación, habría ordenado su ocultamiento y posterior destrucción.
La FGR señaló que cuenta con datos de prueba sobre una supuesta instrucción directa del entonces mandatario estatal para impedir que el material fuera conocido, con la presunta participación de servidores públicos estatales de alto nivel.
Exgobernador espera definición de su situación jurídica
Durante la audiencia, la defensa y la Fiscalía expondrán sus argumentos ante la autoridad judicial.
Al concluir esta etapa, el juez deberá determinar la situación jurídica del exgobernador y establecer si existen elementos suficientes para vincularlo a proceso por los delitos que se le imputan.
El caso se suma a las investigaciones que, a más de una década de la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa, buscan establecer qué ocurrió con los estudiantes y determinar la responsabilidad de funcionarios y otros involucrados.
