La Fiscalía General de la República (FGR) informó que el proceso penal por la compra fraudulenta de la planta de fertilizantes Agronitrogenados continúa completamente paralizado. El estancamiento se debe a dos recursos de apelación interpuestos por la defensa de Emilio Lozoya Austin, exdirector de Petróleos Mexicanos (Pemex). Al mismo tiempo, el empresario Alonso Ancira, expresidente de Altos Hornos de México (AHMSA), mantiene un adeudo millonario por la reparación del daño al erario.
Durante el sexenio de Enrique Peña Nieto, Pemex adquirió la planta «chatarra» por 275 millones de dólares. Sin embargo, un avalúo del INDAABIN demostró que el valor real del complejo era de apenas 58.3 millones de dólares. Debido a este sobreprecio, las autoridades judiciales fijaron un monto de reparación del daño de 216.6 millones de dólares (la diferencia exacta de la compra).
En 2021, Ancira pactó un acuerdo reparatorio respaldado por el 99% de las acciones de Grupo Acerero del Norte, hornos e inmuebles, dividido en tres pagos:
Noviembre 2021: Cumplido (50 millones de dólares).
Noviembre 2022: Cumplido (54.1 millones de dólares).
Noviembre 2023: Incumplido. El adeudo pendiente motivó a la FGR a solicitar la reanudación de su proceso penal.
A pesar de que Ancira obtuvo prórrogas que extendían el plazo, el juez de la causa decidió reservar la aprobación definitiva del convenio debido a los constantes recursos legales promovidos por la defensa de Lozoya, lo que dejó el acuerdo en un limbo legal.
El freno procesal beneficia indirectamente a la familia del exdirector de Pemex. Recientemente, una jueza federal rechazó aplicar la prisión preventiva a Gilda Susana Lozoya (hermana de Emilio). La fiscalía la investiga por haber participado en la triangulación de 3.5 millones de dólares provenientes de los presuntos sobornos que Ancira pagó a su hermano para concretar la polémica compraventa.
Aunque los amparos principales de Lozoya ya fueron formalmente negados y ratificados por los tribunales federales (el último de ellos en junio de 2026), las dos apelaciones pendientes actúan como el último candado legal que impide a la FGR reanudar los juicios en contra de los implicados.
