La gobernadora de Chihuahua, Maru Campos Galván, se presentó este miércoles ante la sede de la Fiscalía General de la República (FGR) para atender un citatorio ministerial derivado de la carpeta de investigación que indaga la presunta presencia de agentes de la Agencia Central de Inteligencia (CIA) en operativos estatales.
Acompañada por la dirigencia nacional del Partido Acción Nacional (PAN), la mandataria estatal transformó el acto jurídico en un pronunciamiento político. A las afueras de la institución, Campos aseguró que su comparecencia ocurre bajo una «simulación de ser testigo», con la supuesta intención de las autoridades federales de fincarle responsabilidades penales de manera «burda».
Postura de la Gobernadora
Durante su mensaje a los medios, Campos Galván defendió las acciones de seguridad en su entidad, argumentando que su administración ha colaborado con la Federación, pero acusó un «uso político de las instituciones».
Señalamientos de autoritarismo: La gobernadora calificó el actuar del Gobierno Federal como «totalitario» y acusó una violación a su protección constitucional.
Contraste político: Criticó lo que llamó un «doble rasero» del régimen, señalando que mientras se le investiga a ella por operativos de seguridad, otros funcionarios estatales con señalamientos de vínculos con el crimen organizado no han sido procesados.
Llamado ciudadano: «No hablo por Maru Campos, hablo por México», afirmó, instando a la sociedad a no normalizar la violencia ni el uso del aparato estatal contra opositores.
Contexto de la investigación
La controversia se originó tras reportes sobre la participación de agentes extranjeros en territorio chihuahuense, lo que motivó a legisladores de Morena a promover una solicitud de juicio político en contra de la mandataria, argumentando una vulneración a la soberanía nacional.
Por su parte, el PAN ha cerrado filas en torno a la gobernadora, denunciando que estas acciones forman parte de una estrategia de presión política. Mientras tanto, la FGR mantiene abierta la carpeta de investigación para deslindar responsabilidades sobre la cadena de mando y las autorizaciones legales de dichos operativos.
La diligencia ministerial, que originalmente se contemplaba realizar en Ciudad Juárez, concluyó en la capital del país, marcando un nuevo punto de tensión en la relación entre el Gobierno de Chihuahua y el Poder Ejecutivo Federal.
